Del modelo público de contratación de tecnología

•

El único partido que ha votado en contra ha sido, curiosamente, el que ha aportado las ideas más interesantes al debate parlamentario. No tanto en relación al «framework» tecnológico gubernamental, sino al modelo de contratación de los servicios públicos digitales. Me gustaría comentarlo: El diputado pone sobre la mesa que el precio es un factor demasiado pesado en los criterios de valoración de las ofertas de los licitadores, lo que provoca fuertes bajadas de precios. Esto, que parece positivo para la Administración, es una política arriesgada en la licitación de servicios tecnológicos, pues provoca —dice el ponente— una degradación de la calidad de los servicios y una precarización del sector. Para entenderlo, veamos qué estrategias tiene una empresa tecnológica para reducir sus costes: 1️⃣ Una es pagar menos a su plantilla. El diputado subraya que esto precariza un sector que, añado yo, es de alto valor añadido y estratégico para la región y para el desarrollo del país. Esto, siendo cierto, no es tan importante por una razón: en el sector TIC no hay desempleo. En 20 años de empresario tecnológico nunca contraté a un programador desempleado. Recibí, revisé y contesté cientos de currículums; pero casi todos venían de profesionales ya ocupados. Los técnicos con experiencia saltan de una empresa a otra, y los júnior voluntariosos no suelen tener dificultad en encontrar un primer empleo. Hay precariedad pero, en general, no hay paro. En un mercado laboral con más demanda que oferta, el empleador compite por los trabajadores. Esto moldea la estrategia de las empresas, que tratan de productizar sus soluciones porque nadie quiere «vender horas», pues el tiempo es inelástico. Todos quieren «vender producto», porque el software sí es elástico: lo programas una vez y lo vendes diez. O mil. Por esta elasticidad del «software» los milmillonarios de nuestro tiempo son tecnólogos, y no industriales o financieros, como históricamente han solido. Nadie en el sector, digo, quiere «vender horas». Y, ¿qué contrata el Gobierno? Horas. Conozco bien el sector tecnológico cántabro, conformado por unas 100+ empresas locales. De ellas, ¿cuántas ofertaron al contrato estrella de servicios tecnológicos del Gobierno de Cantabria (SUMA), valorado en 50 millones? Dos. Y, las dos, en UTE con consultoras foráneas. Y es que casi nadie en el sector tecnológico local tiene interés en las licitaciones tecnológicas del Gobierno. Esto, naturalmente, son malas noticias para el Gobierno. Pero también para ti y para mí, porque somos consumidores —usuarios— de los servicios licitados. Cuando el Gobierno incentiva fuertes descuentos en las licitaciones tecnológicas, está aplicando una pinza a sus contratistas: por una parte les obliga a recortar costes. Pero en la estructura de costes de una empresa tecnológica, los de personal son hasta el 80 %. ¿Cómo recortas de ahí, cumpliendo las normas y convenios laborales? Bajar salarios es ilegal y despedir es caro. El licitador puede intentarlo, pero en un mercado laboral de alta demanda el trabajador abandona el barco y «salta» a otra compañía. Con cada deserción, la empresa pierde conocimiento y se descapitaliza. Una empresa tecnológica sin tecnólogos es solo un montón de muebles de oficina. Hay otras, que ahora veremos, pero esta pinza es una de las que ha provocado que la mayor parte de la industria tecnológica española evite trabajar para el Gobierno y lo haga para el sector privado. Es lo que ha hecho casi toda la industria tecnológica cántabra. Todo esto hace que la precarización que dice el diputado esté afectando en mayor medida al propio Gobierno y a las interfaces digitales Administración-ciudadanía, que a los trabajadores del sector tecnológico. 2️⃣ La segunda estrategia de reducción de costes en una empresa tecnológica es la productización: replicar en un cliente lo que desarrollaste para otro, apalancándote en la singularidad de que el coste de reproducción del «software» es cero. Esta es la senda seguida por muchas empresas tecnológicas en el último cuarto de siglo: desarrollar un catálogo de soluciones, pasando así de «vender horas» inelásticas a «vender producto» elástico. De sumar a multiplicar. Pero la Administración y la política no entiende esto. El Gobierno de Cantabria, como otros gobiernos autonómicos, tiene su propio, particular y —hasta ayer mismo— escondido «framework» de desarrollo tecnológico. Y obliga a sus contratistas a utilizarlo. Esto impide que un contratista despliegue fácilmente en Cantabria lo que desarrolló para —pongamos— Asturias, donde el «framework» y los requisitos son diferentes y, a menudo, incompatibles. Basta mirar el caso de los boletines oficiales, un interesante servicio público digital utilizado por casi todos: hay 17 boletines autonómicos, más otros muchos provinciales y estatales. Todos son diferentes, pese a que la mecánica de publicación y consumo de anuncios oficiales es prácticamente la misma en todos los territorios. Una política tecnológica inteligente ayudaría a crear un mercado ahí, promoviendo la aparición de productos digitales compitiendo entre sí, a beneficio de quienes producen y consumen estos servicios públicos: todo el país. 3️⃣ El tercer mecanismo para ofrecer descuentos agresivos en las licitaciones públicas es engañar al Gobierno. Ofertas 1000 horas de analista sénior, pero ejecutas 700 con un programador júnior. Esto pasa todos los días, a todas horas, y explica muchas de las ñapas que visibilizo. En definitiva… La tecnología se está comiendo el mundo. Los servicios públicos digitales son los cimientos de una nueva relación Administración-ciudadanía que está llegando de forma acelerada. Pero la política tecnológica y el modelo de contratación de estos servicios no está aprovechando a su favor todo lo que la industria tecnológica española puede aportar. ¡Gracias al diputado por sus interesantes aportaciones! Espero que, junto con estas reflexiones mías y otras que estén por venir, contribuya todo a mejorar lo que tenemos. 😊