Durante veinte años un alto funcionario recibió mordidas por amañar contratos públicos, y nadie lo detectó. La Policía encontró en su casa 500 000 €, a sumar a tres millones más —que se sepan— en comisiones ilegales.

Como ciudadanos, no tenemos ninguna garantía de que no esté pasando lo mismo con los contratos de tecnología: el último contrato de mantenimiento de aplicaciones informáticas del Gobierno de Cantabria se adjudicó en 22 millones.

📣 Si el framework fuese abierto, público y estándar, habría más empresas compitiendo por desarrollar y mantener esos servicios, menos espacio para chanchullos y mejores servicios públicos digitales.

Esto no va de política, ni de atacar o defender al Gobierno. Va de reclamar unas reglas de juego justas e iguales para todos, más transparencia y eficiencia en lo público y más salvaguardas contra la corrupción y el cabildeo en los en los contratos.

De la transparencia en los contratos de tecnología